ModernizaciónLaboral | Suspensión cautelar de la Ley 27.802 |Medida cautelar dictada en el expediente “CGT c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa”

El 30 de marzo de 2026 el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 dictó una medida cautelar promovida por la CGT en el marco de una acción declarativa de certeza -inscripta en el Registro de Procesos Colectivos- y suspendió la vigencia y aplicación de numerosos artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La suspensión rige hasta que se dicte sentencia definitiva en la acción de inconstitucionalidad en trámite o se deje sin efecto la cautelar, y en principio alcanza a todos los trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales del país alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo y normas complementarias.

El tribunal consideró reunidos los requisitos legales para suspender una ley, vale decir, la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y el interés público implicado.

Entre las normas alcanzadas por la cautelar –y que cuya aplicación se dispone suspender, rigiendo la normativa anterior– se encuentran, sin pretender agotar la enumeración:

– Reducción del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo.
– Modificaciones en la concepción del principio in dubio pro operario y al principio de irrenunciabilidad.
– Modificaciones en la presunción de contrato de trabajo.
– Modificaciones al esquema legal de responsabilidad solidaria.
– Modificación del régimen de ius variandi.
– Modificación al esquema indemnizatorio en contratos a plazo fijo.
– Modificación al esquema de salario y beneficios sociales.
– Modificación al Régimen de vacaciones
– Modificación en la redacción del modo de cálculo de la indemnización por despido
– Régimen de intereses para juicios en trámite y pago en cuotas de sentencias.
– Régimen de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL).
– Reglamentación del derecho de huelga.
– Limitaciones y prerrogativas sindicales.
– Derogación de la ley de teletrabajo.

Como puede apreciarse, se trata de una medida cautelar de altísimo impacto, que desnaturaliza por completo la vigencia de la Ley de Modernización Laboral. Seguramente el Estado Nacional apelará la medida, pero no podemos dejar de mencionar la inseguridad jurídica que generan decisiones como las que comentamos, por el constante cambio de reglas a las que deben atenerse los actores en el mundo del trabajo.