MODIFICACIONES SUSTANCIALES EN EL REGIMEN DE INCENTIVO PARA GRANDES INVERSIONES (RIGI) | Abeledo Gottheil

MODIFICACIONES SUSTANCIALES EN EL REGIMEN DE INCENTIVO PARA GRANDES INVERSIONES (RIGI)

En el día de hoy (16/11/2026) ha sido publicado en el B.O. el Decreto 1366/2026, el cual introduce ajustes en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). No toca los incentivos ni la estabilidad del régimen, pero sí precisa cuestiones que, en la práctica, venían condicionando la estructuración de los proyectos, cuestiones vinculadas a (i) quién puede ser considerado proveedor local, (ii) cómo se fija la fecha límite para cumplir la inversión mínima, (iii) de qué manera pueden transferirse o reorganizarse los vehículos que llevan adelante el proyecto y (iv) qué fondos computan para acceder al mercado de cambios.

Recordamos que el RIGI fue creado por la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases, con el objeto de atraer inversiones de gran escala mediante un esquema de incentivos, estabilidad y garantías a favor de los Vehículos de Proyecto Único (VPU), y su reglamentación está contenida en el Decreto 749/2024.

El nuevo decreto sustituye cuatro disposiciones del Anexo I de esa reglamentación, habiendo entrado en vigencia el mismo día de su publicación.

Cabe señalar que el decreto no establece distinciones sectoriales ni limita su alcance a determinadas actividades, por lo que las nuevas disposiciones resultan aplicables a la totalidad de los proyectos comprendidos en el RIGI, cualquiera sea el sector económico en el que se desarrollen, resultando las modificaciones aplicables tanto a los proyectos que obtengan su adhesión al RIGI en el futuro como a aquellos que ya han sido aprobados.

I. Síntesis del Régimen

Antes de entrar en las modificaciones, vale la pena repasar los rasgos centrales del RIGI tal como surgen de la Ley 27.742. El régimen alcanza a los sectores de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas (art. 167). El plazo de adhesión, originalmente previsto por dos años y luego prorrogado por el Decreto 105/2026, se extiende actualmente hasta el 8 de julio de 2027.

El umbral de entrada es una inversión en activos computables de al menos USD 200 millones, aunque el Poder Ejecutivo puede fijar montos sectoriales de entre USD 200 y 900 millones. De ese mínimo, el 40% debe ejecutarse en los dos primeros años, porcentaje que excepcionalmente puede reducirse al 20% (art. 173). Los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), desarrollados por etapas, exigen una inversión mínima de USD 1.000 millones por etapa (art. 172).

El régimen contempla beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios relevantes para los Vehículos de Proyecto Único (VPU). Entre ellos se destacan una alícuota reducida del impuesto a las ganancias, mecanismos especiales en materia de IVA, exenciones para

determinadas importaciones y un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas de exportación. A ello se suma la posibilidad de acceder al mercado de cambios para determinadas operaciones y un régimen de estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria por treinta años desde la adhesión (arts. 183, 187, 190, 198, 200 y 201).

La ley también regula aspectos vinculados con la transferencia de participaciones en los VPU, los mecanismos de resolución de controversias y la protección de los derechos adquiridos bajo el régimen. Sobre ese marco normativo se inserta el Decreto 1366/2026, cuyas modificaciones se concentran en la definición de proveedor local, el cumplimiento de los compromisos de inversión, la reorganización y transferencia de vehículos de proyecto y las fuentes de financiamiento computables para el acceso al mercado de cambios.

II. Modificaciones relevantes

1. Proveedor local: se elimina el requisito de capital nacional

El artículo 1 del decreto redefine el concepto de “proveedor local”. Para las personas humanas nada cambia, por cuanto sigue bastando el domicilio fiscal en el país para ser considerado proveedor local en términos del RIGI. Tampoco se modifica el criterio aplicable a los bienes, que deben ser de origen nacional conforme al Anexo I del ACE 18 del MERCOSUR.

El cambio sustancial está dado en las personas jurídicas. Hasta el momento, además de estar constituidas y domiciliadas en la Argentina, debían tener al menos el 51% de su capital, o de los votos necesarios para formar la voluntad social, en manos de personas con domicilio fiscal en el país. Con la modificación introducida este requisito desaparece y, en consecuencia, para que una persona jurídica sea considerada proveedor local a los efectos del RIGI, basta con que (i) se encuentre constituida y (ii) domiciliada en la República Argentina, cualquiera sea la nacionalidad, residencia o composición accionaria de sus socios o accionistas.

La adecuación responde a una demanda que venía siendo planteada tanto por potenciales proveedores como por los VPU adheridos al régimen. En la práctica, numerosas empresas constituidas y domiciliadas en el país, con presencia operativa, personal y actividad económica desarrollada en la Argentina, quedaban excluidas de la definición de “proveedor local” por el solo hecho de no cumplir con el requisito de mayoría de capital nacional, no pudiendo acceder a los beneficios aduaneros.

La nueva definición amplía de manera considerable el universo de proveedores elegibles y facilita a los VPU el cumplimiento de sus compromisos de contratación local. Al mismo tiempo, permite que sociedades argentinas que hasta ahora quedaban excluidas por razones vinculadas únicamente a su estructura accionaria puedan integrarse plenamente a las cadenas de suministro de los proyectos RIGI gozando de los beneficios aduaneros estimados en la reglamentación.

2. Una única fecha límite para la inversión mínima

Por otro lado, el artículo 2 de la norma comentada introduce una precisión respecto del modo en que debe reflejarse el cumplimiento de la inversión mínima comprometida. En adelante, el plan de inversión deberá identificar una fecha única antes de la cual se habrá alcanzado el monto mínimo de inversión exigido para el Proyecto Único considerado en su conjunto.

La aclaración adquiere especial relevancia en los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), cuya ejecución puede desarrollarse por etapas. Los considerandos del decreto señalan expresamente que la fecha límite del proyecto debe distinguirse de los compromisos de inversión correspondientes a cada una de sus etapas, cuyos requisitos permanecen inalterados. De este modo, la reglamentación procura armonizar la existencia de hitos parciales propios de este tipo de emprendimientos con la necesidad de contar con una referencia temporal única para evaluar el cumplimiento del proyecto en su totalidad.

La norma agrega, además, que dicha fecha no debe resultar ajena a las prácticas del sector. Aunque se trata de un concepto necesariamente flexible, parece orientado a que la Autoridad de Aplicación pueda ponderar la razonabilidad de los cronogramas propuestos a la luz de las características y tiempos habituales de desarrollo de cada industria.

3. Cesiones en UTE y reorganización de Sucursales Dedicadas

El artículo 3 del decreto incorpora dos mecanismos que hasta ahora no estaban expresamente contemplados por la reglamentación.

Por un lado, habilita la cesión total o parcial de participaciones en UTE y otros contratos asociativos que actúan como VPU, así como el ingreso de nuevos integrantes, sin pérdida de los beneficios del régimen. La operación debe inscribirse y notificarse a la Autoridad de Aplicación, acreditándose la transferencia de los compromisos de inversión y de las garantías pendientes. La cesión no computa como inversión y el cedente mantiene responsabilidad solidaria por las obligaciones devengadas hasta su inscripción.

Por otro lado, se habilita la reorganización de las Sucursales Dedicadas mediante la transferencia de los activos, pasivos, derechos y obligaciones vinculados al proyecto a una SA o SAU constituida al efecto. La nueva sociedad continúa como VPU manteniendo los beneficios, compromisos y plazos originalmente otorgados, sin necesidad de una nueva adhesión al régimen.

4. Acceso al mercado de cambios: aportes de accionistas indirectos

Por último, el artículo 4 amplía el círculo de quienes pueden aportar las divisas que el VPU necesita para acceder al mercado de cambios.

La regla de base no varía. Si el VPU solicitó el beneficio del artículo 198 sobre los cobros de exportaciones, el BCRA puede condicionar su acceso al mercado de cambios: solo podrá acceder en la medida en que el total de divisas ingresadas y liquidadas sea igual o superior al que demanda para el proyecto, incluido el acceso que solicita. Esa limitación no alcanza al pago de intereses de deuda financiera ni de dividendos habilitados (art. 199 de la ley).

Lo que cambia es quién puede ingresar esas divisas, ya sea mediante aportes de no residentes o mediante deuda externa, incluidas las obligaciones negociables. El texto introducido por el Decreto 105/2026 ya admitía al propio VPU, a los miembros de las UTE y contratos asociativos que actúan como VPU, a la sociedad titular de la Sucursal Dedicada y a los accionistas o socios del VPU, aunque estos últimos solo en forma directa. El Decreto 1366/2026 extiende la posibilidad a los accionistas o socios indirectos del VPU y a los accionistas directos o indirectos de los miembros de las UTE y contratos asociativos.

En todos los casos, los fondos computan únicamente en la proporción en que se destinen de manera efectiva al Proyecto Único. Deben, además, canalizarse conforme a los procedimientos que establezca el BCRA y registrarse contablemente como afectados al proyecto, de modo que su trazabilidad quede asegurada.

III. Consideraciones finales

El Decreto 1366/2026 no altera los incentivos del RIGI ni el alcance de su estabilidad. Su aporte es de otra índole, ya que procede a dar precisiones en puntos donde la reglamentación anterior generaba dudas o directamente no daba respuesta ajustada y terminada.

En materia de proveedores, la posibilidad de que sociedades argentinas con capital extranjero califiquen como proveedor local obliga a los VPU a revisar sus planes de desarrollo de proveedores y la forma en que computan el piso del 20%. Puede ocurrir que contratos ya celebrados con filiales locales de grupos extranjeros, que antes no sumaban, pasen ahora a integrar ese porcentaje.

Para las operaciones de M&A y los joint ventures, el procedimiento de cesión en UTE ofrece plazos ciertos de quince y treinta días. Los contratos de cesión tendrán que prever expresamente la asunción de los compromisos de inversión y de las garantías por parte del ingresante, y regular la solidaridad del cedente hasta la inscripción. En los procesos de due diligence, a su vez, no puede perderse de vista que la compra de acciones o participaciones de un VPU ya adherido no suma inversión computable: el comprador hereda el cronograma del proyecto tal como se encuentra.

Los inversores que ingresaron al régimen bajo la forma de una Sucursal Dedicada cuentan ahora con una vía para migrar a una SA o SAU sin perder la fecha de adhesión, aunque siguen necesitando los consentimientos de terceros que correspondan respecto de concesiones y permisos. En el plano del financiamiento, los aportes y la deuda externa canalizados a través de sociedades holding intermedias pueden computarse para el acceso al mercado de cambios, siempre que se respeten la trazabilidad y los procedimientos que fije el BCRA.

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